Los pueblos indígenas de todo el mundo están cada vez más sujetos a la criminalización y las violaciones de sus derechos individuales y colectivos con impunidad.
Esta situación prevalece en los Estados que no reconocen ni protegen legalmente los derechos de los Pueblos Indígenas, y donde el racismo estructural y la discriminación contra los Pueblos Indígenas persisten. A pesar de la adopción por los Estados miembros de la ONU de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y de su ratificación de Convenios Internacionales de Derechos Humanos como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, muchos Estados continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra los Pueblos Indígenas.
Estas violaciones de derechos humanos se agravan a medida que se realizan expropiaciones y explotaciones más agresivas de las tierras y recursos de los Pueblos Indígenas en nombre del desarrollo y la modernidad. Estas violaciones ocurren con la imposición de megaproyectos de infraestructura, industrias extractivas, expansión agroindustrial, desarrollo inmobiliario, turismo comercial, y conservación, así como por las llamadas soluciones climáticas como grandes represas hidroeléctricas, proyectos de energía renovable y plantaciones de biocombustibles. Los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos y su derecho a obtener su Consentimiento Libre, Previo e Informado son comúnmente violados con estas imposiciones. Siempre que los Pueblos Indígenas reivindican y defienden sus derechos mediante acciones legítimas, son sometidos a hostigamiento, difamación, arresto, detención e incluso ejecuciones extrajudiciales. Estos actos violan los derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y circulación, la libertad frente a detenciones arbitrarias, la libertad de asociación y de reunión pacífica, entre otros.
Los datos también muestran que los Pueblos Indígenas representan solo el 5% de la población mundial, pero constituyen el 15% de los que se encuentran en la extrema pobreza. Se estima que los territorios de los Pueblos Indígenas son el 60% de la masa terrestre global, pero solo el 10% de estos están legalmente reconocidos. Esta situación de desigualdad y discriminación genera conflictos que agravan aún más los actos de criminalización en su contra.
