«La violencia contra los pueblos indígenas es una tendencia mundial», resumió Victoria Tauli-Corpuz, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y cofundadora del IPRI, durante la presentación de los informes anuales de IPRI sobre la criminalización contra los pueblos indígenas.
Sandra Creamer, mujer indígena waanyi/kalkadoon de Australia, destacada activista y presidenta la Junta Directiva Global de IPRI, durante la presentación del evento, señaló la función de custodia de los pueblos indígenas sobre la Tierra, por la que son criminalizados.
El informe anual sobre la criminalización reúne casos e información de seis países foco con los mayores índices de criminalización y violencia contra los pueblos indígenas en el mundo: Colombia, Brasil, México, India, Filipinas y la República Democrática del Congo.
Durante el proceso de investigación, IPRI se enfrentó al reto de la documentación, dado que los datos oficiales de los países son muy limitados, hay escaso desglose de datos por etnias en la información de personas defensoras de derechos humanos, y los ataques no siempre son retomados por los medios de comunicación debido a la geografía o a la falta de libertad de prensa.
Con la información recopilada, las personas investigadoras descubrieron que los asesinatos y la criminalización se producen en paralelo a otras violaciones a derechos humanos; que muchos casos se justifican en virtud de leyes de seguridad y antiterroristas; que la militarización de los territorios indígenas aumenta las violaciones a los derechos humanos; y que existe una falta de voluntad política para abordar las cuestiones relacionadas con los grupos armados.
Joyce Godio, coordinadora de Investigación Global del IPRI, destacó que el discurso de odio, la difamación y las campañas de desprestigio están vinculados a las violaciones a los derechos humanos; que la violencia y los ataques se extienden a lo colectivo (comunidades u organizaciones), y que las personas líderes indígenas son puestas en el blanco con el objetivo de atacar y debilitar las estructuras de gobierno de los pueblos indígenas.
El caso de Colombia es ilustrativo de muchas de estas tendencias. Allí, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz ha incrementado la violencia contra los pueblos indígenas, lo que debilita sus estructuras organizativas efectivas y reduce su autonomía y capacidad colectiva para defender los derechos humanos. «La violencia queda en la impunidad», dijo Leonor Zalabata, Coordinadora de IPRI en Colombia. Consideró que existe un proyecto de Estado para socavar a los pueblos indígenas.
Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, coincidió en que en Colombia sólo en muy pocas ocasiones hay rendición de cuentas por las violaciones contra los pueblos indígenas. «Los asesinatos son los ataques más atroces, pero sólo son la punta del iceberg», señaló. El nuevo gobierno, insistió la Sra. Lawlor, tiene la obligación de revertir el ciclo de impunidad y ataques.
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali-Tzay, dio cuenta de las comunicaciones que ha enviado al gobierno colombiano sobre ataques a los pueblos indígenas y el uso excesivo de la fuerza contra ellos. Después de los Acuerdos de Paz, informó, decenas de líderes indígenas han sido asesinados. El Sr. Cali-Tzay subrayó que es necesario que el Estado ofrezca un entorno seguro a los pueblos indígenas y aborde las causas fundamentales de la violencia.
La Sra. Leonor Zalabata consideró que, con el nuevo gobierno, Colombia tiene ahora un respiro: «Las políticas del nuevo presidente se basan en la paz, la justicia social y la justicia medioambiental».
La Sra. Victoria Tauli-Corpuz recordó la obligación de los Estados de proteger a los pueblos indígenas y la debida diligencia que los actores corporativos deben llevar a cabo para hacer frente a los posibles impactos sobre los derechos humanos en los territorios indígenas en los que operan. Los donantes también deben asegurarse de que contribuyen a disminuir la criminalización. «Debe haber tolerancia cero a la criminalización y los asesinatos de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas», afirmó. «La sociedad civil debe hablar más de las historias de criminalización y exigir a los Estados que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos».
