Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional-IPRI hace un llamado urgente al Estado de Tanzania para que detenga inmediatamente la criminalización contra líderes y personas defensoras de los derechos humanos maasai en la División de Loliondo. Estas personas líderes, junto con sus comunidades, están defendiendo su derecho a vivir en sus tierras ancestrales legalmente reconocidas frente a los ataques que buscan desalojarlos.
IPRI ha realizado un continuo seguimiento de los ataques sistemáticos del Estado de Tanzania contra el pueblo maasai. Estas acciones, bajo el pretexto de la conservación, están violando los derechos humanos de las personas maasai. También contravienen las órdenes explícitas del Tribunal de Justicia de África Oriental, que ordenó al Estado de Tanzania que cesara y desistiera de desalojar a las comunidades maasai y de destruir sus hogares o confiscar su ganado en esas tierras, y que se abstuviera de acosarles o intimidarles.
Lamentablemente, a pesar de esta orden y de la preocupación expresada por las personas expertas de la ONU sobre los violentos ataques de las fuerzas de seguridad tanzanas el 10 de junio, el gobierno sigue criminalizando a las y los pastores maasai de Loliondo. Esta semana, 50 pastores indígenas maasai -12 de los cuales son mujeres- van a ser llevados a juicio por cargos fabricados, y 27 líderes y personas defensoras de los derechos humanos se enfrentan a cargos de asesinato de un agente de policía. Estos líderes fueron detenidos el día anterior al asesinato que se les atribuye. La semana pasada, 72 personas maasai fueron detenidas y 22 quedaron en libertad bajo fianza. Cada vez son más quienes enfrentan amenazas de arresto y detención basadas en falsas acusaciones.
Lamentablemente, a pesar de estas violaciones a los derechos humanos, también se confiscó el ganado de 18 personas pastoras indígenas maasai (un total de más de 3.500 cabezas de ganado) y tuvieron que pagar cerca de 4.500 dólares cada uno para reclamar sus animales.
Joan Carling, Directora Ejecutiva de IPRI, señaló que “estos ataques a las y los pastores maasai por parte de fuerzas gubernamentales van no solamente contra las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, sino que demuestran el racismo y la discriminación sistemáticos contra las y los maasai, que han protegido por siglos la vida silvestre y la biodiversidad en sus tierras ancestrales”.
Debe recordarse que estos desalojos están impulsados por el interés del Gobierno de Tanzania en el establecimiento de la llamada Área de Control de Caza de Pololet, establecida en poblados indígenas sin su Consentimiento Libre, Previo e Informado y en contra de la Constitución y la legislación de Tanzania. Mientras las comunidades maasai organizaban una serie de asambleas pacíficas para exigir el diálogo y la protección y el respeto de sus derechos, el Gobierno hacía lo contrario: tomaba unilateralmente medidas violentas para desalojarlos y reubicarlos en otras zonas sin su consentimiento.
El pasado 15 de junio, IPRI -como organización internacional constituida para hacer frente a la criminalización, la violencia y la impunidad en los ataques contra los pueblos indígenas- hizo un llamado al Gobierno de Tanzania para que retirara inmediatamente todas las fuerzas del Estado de las tierras tradicionales del pueblo maasai y entablara un diálogo constructivo con los liderazgos maasai de Loliondo para poner fin al conflicto. Como señaló Joan Carling, «los pastores indígenas maasai no son criminales, y merecen respeto y paz en sus territorios».
IPRI llama a la comunidad internacional a condenar los ataques y violaciones a derechos humanos de las y los pastores maasai y a urgir al Gobierno de Tanzania a:
- Detener la criminalización de las y los líderes maasai; proprocionar acceso a la justicia y asegurar el respeto a sus derechos fundamentales a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, en lugar de amenazas y represalias.
- Retirar inmediatamente los cargos contra líderes y personas defensoras maasai que están siendo juzgadas y, en consecuencia, liberarles.
- Detener inmediatamente la violencia de las fuerzas del Estado contra las y los maasai.
- Proporcionar justicia y reparaciones a las víctimas del ataque armado del 9 de junio, y a aquellos cuyo ganado ha sido sacrificado o confiscado.
- Iniciar un proceso de diálogo con las y los líderes maasai basado en el respeto de sus derechos. Esta es la única solución aceptable en un Estado democrático que respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Implementar la ley sobre los derechos a la tierra de la comunidad y otros derechos individuales y colectivos de los pastores indígenas maasai en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
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Nota: Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) es una organización mundial indígena que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y unir y amplificar el llamamiento a la justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad. Por favor, visite el sitio web del IPRI para más información – https://iprights.org/
Contacto:
Joan Carling
Directora Ejecutiva
Correo electrónico: joan@iprights.org
