IPRI se creó para responder a la creciente violencia y criminalización que sufren los pueblos indígenas en todo el mundo. Estas violaciones de los derechos humanos afectan a las personas indígenas individualmente, pero también a sus derechos colectivos como pueblos y comunidades. El aumento de la violencia y la criminalización son resultado de las acciones de los pueblos indígenas para defender sus derechos, reconocidos universalmente por la comunidad internacional con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007.Asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos, cargos infundados que llevan al encarcelamiento de dirigentes indígenas, son situaciones habituales que sufren los pueblos indígenas cuando intentan defender sus derechos humanos fundamentales. Además, estas violaciones se producen en un entorno de casi total impunidad para los perpetradores, facilitado por las dificultades a las que se enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia.
Para responder a esta dramática situación, IPRI trabaja en actividades de sensibilización, capacitación, incidencia y campañas para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación y apoyar las iniciativas que llevan a cabo los pueblos indígenas para denunciar sus problemas y protegerse individual y colectivamente. IPRI ha creado tambiénun Fondo legal y de santuario para proporcionar apoyo individual y colectivo a las víctimas indígenas de la violencia y la criminalización.Actualmente, el trabajo de IPRI se centra sobre todo en seis países piloto con altas tasas de violencia y criminalización contra los pueblos indígenas y una impunidad generalizada. Estos son: Filipinas e India en Asia, la República Democrática del Congo en África, y Brasil, Colombia y México en América Latina. En estos países, IPRI ha realizado investigaciones y establecido alianzas con organizaciones, líderes y lideresas indígenas, y con otros actores relevantes, para identificar la situación y tendencias en relación con la criminalización de los pueblos indígenas y la impunidad. Además, apoya las acciones y actividades propuestas por ellos mismos para la prevención y protección.
En el contexto de este trabajo, IPRI se complace en presentar este informe realizado por el equipo de IPRI en Colombia. El informe presenta reflexiones sobre la relación del Estado colombiano con los pueblos indígenas, la cual se ha caracterizado por tres formas del ejercicio arbitrario del poder y la dominación: la asimilación cultural a través de las reglas del derecho estatal, la represión, y la eliminación física y cultural. El Estado ataca una condición de vida que interpela de manera directa al modelo capitalista y de acumulación. En esta relación de poder y dominación, los pueblos indígenas son representados como los principales contendores de esemodelo, porque experimentan formas de vida colectivas y ponen en evidencia que otras formas de habitar el planeta son posibles.
Se sitúan las acciones de criminalización como expresión de patrones de abuso de poder en tres dimensiones: del discurso, de las normas y de la fuerza. De esta forma, la criminalización, la impunidad y otros repertorios de violencia son situados en un complejo entramado de actores, redes y relaciones que se han forjado para cumplir un proyecto de Estado que busca eliminar los proyectos de vida colectivos.
Este documento es el resultado de una reflexión colectiva en torno a la pregunta sobre la misión y visión de IPRI en América Latina y específicamente en Colombia. Participaron defensoras y defensores de derechos humanos de comunidades indígenas, autoridades indígenas, y víctimas de procesos de criminalización de los departamentos de Cauca, Nariño, Guajira, Cesar, Caldas y Chocó. El informe ha sido elaborado por Leonor Zalabata Torres, Francisco Hernando Vanegas Toro, María Elvira Guerra Cújar, Edith Bastidas, y Sonia Catalina Fracica.
