Indígena mostra um dos resíduos do armamento utilizado pela PM no ataque à comunidade Tabatinga, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Foto: Conselho Indígena de Roraima. Fuente de la imagen
La Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (The Indigenous Peoples Rights International- IPRI) expresa su profunda preocupación por la información sobre serios abusos de poder contra el pueblo maya q’eqchi’ en Guatemala, el asesinato de un activista mapuche en Argentina y los continuos homicidios y ataques contra pueblos indígenas en Brasil.
De acuerdo con información pública confiable, el Gobierno de Guatemala aprobó el Estado de Sitio en El Estor desde el 25 de octubre, luego de la violenta represión contra el pueblo indígena maya q’eqchi’ que resiste a las operaciones mineras dentro de sus tierras tradicionales y que exige consentimiento previo, libre e informado.
El Estado de Sitio suspende los derechos de la ciudadanía, como la libertad de expresión y la de movimiento, y entrega a las fuerzas militares el control de la seguridad y las fuerzas policiales en la región.
Como resultado de ello, se han realizado más de 40 redadas contra líderes comunitarios y 60 arrestos. Además, se han denunciado incidentes de abuso de poder, violencia contra niños y niñas, acoso sexual contra mujeres adolescentes, destrucción de propiedad y persecusión a líderes indígenas a manos de fuerzas policiales y militares.
En Argentina, el 21 de noviembre, un ataque contra la comunidad Lof Quemquemtreu por dos personas armadas vestidas de civil dejó como resultado el asesinato de Elías Garay, un joven mapuche defensor del territorio, y graves heridas a otro integrante de la comunidad.
Lof Quemquemtreu es una comunidad indígena mapuche en la Provincia de Río Negro. A causa de la defensa de sus tierras ancestrales contra la deforestación y los intereses externos, la comunidad ha estado desde hace casi dos meses bajo un cerco policial que impide la entrada de alimentos y la libertad de movimiento.
En Brasil, en las dos primeras semanas de noviembre se registraron diversos ataques y amenazas contra pueblos indígenas. De acuerdo con Amnistía Internacional Brasil, la Policía Militar de Roraima usó la fuerza de manera excesiva contra pueblos indígenas de las comunidad de Tabatinga; dos indígenas yanomami fueron asesinadas a balazos por buscadores de oro y se dieron ataques e incendios provocados contra indígenas Guaraní Kaiowa. Además, mujeres indígenas participantes en la recientemente concluida COP26 de la CMNUCC están siendo hostigadas y denunciadas.
Particularmente en Brasil, durante 2020 se registraron 1 083 incidentes de violencia relacionados con la ocupación de tierras y despojos, con 178 casos de invasión de territorios indígenas y 18 víctimas de asesinato, diez de las cuales eran indígenas.
Sonia Guajajara, coordinadora nacional de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), consideró que estos ataques y asesinatos “son coordinados por grupos con un interés contrario a los pueblos indígenas y propiciados por un discurso racista y por la impunidad”.
Estas situaciones no son eventos aislados: responden al patrón de ataques violentos, asesinatos, criminalización e impunidad contra pueblos indígenas que defienden sus derechos humanos y sus tierras, territorios y recursos, documentado por IPRI en varios países.
Este contexto lleva a graves violaciones a derechos humanos individuales y colectivos que amenazan la sobrevivencia de los pueblos indígenas, debilitando su capacidad para ejercer su autodeterminación, autonomía y gobierno propio.
IPRI condena firmemente estas agresiones contra pueblos indígenas y llama:
- A los tres gobiernos, a detener la criminalización y a respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo aquellos a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado. Se debe asegurar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones a derechos humanos y a sus familias.
- Al Gobierno de Guatemala, a retirar la declaración de Estado de Sitio, a detener todas las formas de violencia contra el pueblo indígena de El Estor, a investigar diligentemente las presuntas violaciones a derechos humanos, a llevar a los perpetradores ante la justicia y a garantizar reparación a las víctimas. Guatemala también debe cumplir con sus obligaciones relativas a una consulta adecuada y al respeto al consentimiento previo, libre e informado en el contexto de actividades que afecten territorios indígenas, como está previsto en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUPI) y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI)
- Al Gobierno de Argentina, a proteger efectivamente los derechos del pueblo indígena mapuche a sus tierras y territorios, y a garantizar el acceso a la justicia realizando una investigación exhaustiva del asesinato de Elías Garay, llevando a los perpetradores ante la justicia y brindando una reparación adecuada.
- Al Gobierno de Brasil, a detener inmediatamente el uso de violencia de las fuerzas oficiales contra los pueblos indígenas, así como a frenar el uso de discursos discriminatorios y de odio, y a garantizar el respeto y protección de sus derechos y su dignidad.
IPRI recuerda que los tres Estados ratificaron la Convención 169 de la OIT y votaron a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. IPRI exhorta a los Estados a cumplir con sus compromisos de derechos humanos a la consulta y a cooperar de buena fe con los pueblos indígenas afectados a través de sus instituciones representativas propias para obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar e implementar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles (Art. 19 de la DNUPI) o de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios u otros recursos (Art. 29 de la DADPI).
IPRI expresa su solidaridad con las familias, comunidades y pueblos indígenas afectados en Guatemala, Argentina y Brasil, y reafirma su objetico de luchar contra la violencia, criminalización e impunidad que afectan a los pueblos indígenas.
Fuente de la imagen principal: Juan Bautista Xol. Prensa Comunitaria
