- Homicidio de sacerdotes jesuitas y de civil en la Sierra Tarahumara, resultado del patrón de violencia e impunidad en contra de comunidades indígenas y defensores de derechos
- Al menos 30 personas con cargo en su comunidad han sido asesinadas en esta región como resultado de las disputas, operaciones y control territorial de cárteles del narcotráfico.
- La Sierra Tarahumara debe ser considerada una región de atención especial con presupuesto suficiente y a largo plazo para atender rezagos y violencias que sufre la población, con la plena participación de los propios pueblos indígenas.
El pasado 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora y Javier Campos, defensores de derechos humanos de comunidades rarámuri, ódami y mestizas, fueron privados de la vida en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
El homicidio ocurrió en la Iglesia de la comunidad mientras intentaban socorrer al señor Pedro Palma, guía de turistas de la región. Ambos sacerdotes eran ampliamente reconocidos como defensores de los pueblos indígenas de la zona por décadas.
Después de privarlos de la vida, el grupo armado sustrajo los tres cuerpos. En un comunicado emitido el 21 de junio de 2022, la Compañía de Jesús exigió justicia y la recuperación de los cuerpos de sus hermanos. Finalmente, el 23 de junio, la Compañía confirmó que los cuerpos ya habían sido encontrados e identificados.
Este acontecimiento no es aislado. La Sierra Tarahumara enfrenta condiciones de discriminación, despojo de territorio, marginación, sobre-explotación económica, violencia de género y deliberado abandono de las autoridades, forma como el Estado ha decidido intervenir en el territorio.
El crimen organizado se ha beneficiado de la impunidad y colusión con autoridades locales para incrementar su nivel de control y violencia. La muerte o el desplazamiento forzado han sido regla para la población general, principalmente para las comunidades indígenas.
Los cárteles del narcotráfico se disputan este territorio para el cultivo de marihuana y amapola para la producción de heroína, y despojan ilegalmente los bosques, sometiendo violentamente a las comunidades indígenas. Cientos de familias indígenas han sido desplazadas por la fuerza de sus tierras en la región, como parte de una creciente crisis de desplazamiento en México debido al despojo violento a manos del crimen organizado.
En julio de 2021, en el reportaje “Chihuahua: Cuando los talamontes-sicarios obligan al exilio”, la reportera Patricia Mayorga dio cuenta de las decenas de asesinatos de actores claves para la defensa de los derechos colectivos de sus comunidades y los cientos de víctimas de desplazamiento forzado desde 2014 en la Sierra Tarahumara debido a las extorsiones e incendios provocados por grupos criminales para controlar la tala ilegal y lavar dinero.
De acuerdo con este reportaje, al menos 30 personas con cargo en sus comunidades han sido asesinadas en la zona. Esto incluye el asesinato en 2017 de Isidro Baldenegro, rarámuri ganador del Premio Ambiental Goldman 2005, y el de su hermano José Trinidad en marzo de 2022. Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, denunció que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. «Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado», lamentó desde el exilio.
Desde Indigenous Peoples Rights International -IPRI, condemos el asesinato de los defensores Joaquín César Mora Salazar SJ y Javier Campos Morales SJ; y la violencia en contra de los pueblos indígenas de la región.
También advertimos que las condiciones arriba señaladas amenazan gravemente la existencia física y cultural de los pueblos rarámuri y ódami. La protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas no debe retrasarse más.
