Foto: COPINH
A pesar de la reciente condena de un ejecutivo de una empresa por su responsabilidad en el asesinato de la defensora lenca, Berta Cáceres, los documentos muestran presuntas omisiones y participación de entidades financieras y corporativas en su asesinato. Indigenous Peoples Rights International (IPRI) insta al Estado hondureño y holandés a garantizar la justicia en el asesinato de Berta Cáceres. Nadie debe quedar en la impunidad.
Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016, en medio de un conflicto por la construcción de la presa de Agua Zarca en territorio lenca en Honduras. Los Pueblos Indígenas del oeste de este país han luchado históricamente por la defensa de su territorio ancestral, amenazado por proyectos hidroeléctricos y de mineras extranjeras. Estas operaciones se han impuesto a los Pueblos Indígenas sin su consentimiento, contraviniendo la legislación internacional sobre derechos humanos, incluida la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Antes de que Berta Cáceres fuera asesinada, ella y varias ONG habían advertido a las entidades financieras implicadas en el proyecto -como el banco holandés FMO- que el Pueblo Lenca no había dado su consentimiento y de la violencia por parte de la empresa.
El 20 de junio de 2022, un tribunal hondureño condenó a 22 años y medio de prisión a un alto ejecutivo de DESA, la empresa que estaba detrás del proyecto, por el asesinato de Berta Cáceres. Se trata de un reconocimiento sin precedentes de la responsabilidad de un alto cargo empresarial en esta grave violación de los derechos humanos. Sin embargo, existe la duda de que todos los responsables hayan sido procesados.
El 28 de junio de 2022, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) junto con las hijas e hijos de Berta Cáceres presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Holanda contra el banco holandés FMO y sus directivos. Esta acción legal señala su presunta complicidad en la corrupción, malversación, lavado de dinero y violencia en la financiación del Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah. Además de la demanda civil interpuesta por el COPINH en mayo de 2018 contra FMO, por negligencia en la gestión de su financiación del citado megaproyecto, que derivó en violencia contra la comunidad lenca de Río Blanco y el COPINH, provocando el asesinato de miembros de la comunidad y de Berta Cáceres.
Las acciones legales emprendidas por el COPINH y la familia Cáceres son un ejemplo de la urgencia de implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas empresariales y financieras. Las actividades extraterritoriales deben contar con mecanismos de control para garantizar que éstas respeten los derechos humanos.
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