El Informe Anual 2021 realizado en terreno por Indigenous Peoples Rights Internacional muestra una persistente criminalización contra los pueblos indígenas agravada por una falta de voluntad política de los gobiernos.
El Informe Anual 2021 realizado en terreno por Indigenous Peoples Rights Internacional muestra una persistente criminalización contra los pueblos indígenas agravada por una falta de voluntad política de los gobiernos.
El panorama de la investigación -que será presentada de forma íntegra en las próximas semanas- y casos relevantes de seis países foco fueron presentados en el evento “Criminalización contra los pueblos indígenas y avances en las leyes y la jurisprudencia”, realizado de forma paralela a la sesión 21 del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
Los seis países que presentaron casos fueron elegidos porque son aquellos que cuentan con mayores números de personas indígenas atacadas y asesinadas a nivel mundial: Brasil, Colombia, México, India, República Democrática del Congo y Filipinas.
La editora general de la investigación, Joyce Godio, adelantó las tendencias que contendrá el informe. La primera de ellas es la relación entre el discurso de odio y las campañas de desprestigio -online y offline- con los ataques y violaciones a derechos humanos de defensores y pueblos indígenas.
En segundo lugar, se constata que la violencia y los ataques registrados se extienden a la dimensión colectiva: a las organizaciones, a las comunidades y a las familias de las personas atacadas. Para la organización, en tercer lugar, es claro que las personas indígenas líderes son la mayor parte de los blancos de los ataques, como una forma de atacar y debilitar las estructuras de gobernanza de las comunidades y los pueblos.
En cuarto lugar, se registró que los asesinatos de líderes indígenas son precedidos habitualmente por amenazas que buscan incitar miedo o deslegitimar los esfuerzos de defensa de derechos.
El informe revela en quinto lugar que los casos de asesinatos y criminalización suceden en conjunto con otras violaciones a derechos humanos, como desplazamiento, tortura, desaparición forzada, etcétera.
En sexto lugar, se señala que muchas de las violaciones a derechos humanos son justificadas bajo leyes de seguridad o antiterroristas, por lo que activistas indígenas y defensores de derechos humanos son etiquetados como miembros de grupos armados o comunistas, etc.
Un séptimo hecho que consigna el reporte es que la militarización de los territorios indígenas aumenta los casos de violaciones a derechos humanos, mientras que los agentes de seguridad del Estado gozan de impunidad.
Por último, se advierte que -especialmente en América Latina- los Gobiernos no cuentan con programas o acciones específicas para enfrentar los asuntos que involucran a grupos armados, lo que deja a los territorios indígenas a menudo inseguros e invivibles.
Para exponer los casos de México, tomó la palabra la abogada yaqui Anabela Carlón. Ella señaló que, a pesar de que es un país reconocido por apoyar los instrumentos internacionales de derechos indígenas, México presenta un alto nivel de violencia contra estos pueblos por parte de grupos de poder económico, político y criminales. El equipo de IPRI identificó durante 2021 16 casos de graves violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas, como asesinatos, desplazamientos, persecusión, desaparición forzada y robo de tierras, así como violación al consentimiento previo, libre e informado. Carlón presentó los casos de Aldama, Chiapas; Paso de la Reyna, Oaxaca; Zitácuaro, Michoacán, y Repechique, Chihuahua.
Windel Bolinget, un reconocido activista de las Filipinas que ha sido víctima de crimianlización, señaló que en su país los pueblos indígenas viven en su mayoría en las montañas, ricas en recursos, por lo que son un blanco del extractivismo. Debido a la defensa de sus tierras, los indígenas objeto de persecusión, mientras que las leyes favorecen a las empresas. Las constantes violaciones al consentimiento previo, libre e informado dan lugar a la expropiación y al desplazamiento. El actual gobierno lleva adelante una política contrainsurgentes y de seguridad nacional que criminaliza el disenso legítimo y viola gravemente los derechos de los pueblos indígenas, llegando incluso a masacres.
Por parte de Brasil, la defensora indígena Sonia Guajajara enfatizó que en este momento hay mucha tensión y discurso de odio contra los pueblos, promovido por el presidente Bolsonaro. Además, ante la proximidad de las elecciones de octubre, el gobierno está acelerando la aprobación de iniciativas perjudiciales para los indígenas; una es la legalización de la minería ilegal en los territorios indígenas. Esta actividad es altamente negativa para los pueblos indígenas, pues no solamente les arrebata las tierras, sino que sufren asesinatos a manos de los mineros.
En India, un primer problema es que no hay datos oficiales sobre las muertes de Adivasis en la cárcel o bajo custodia policial, informó Dilip Chakma. Se ha observado un aumento sostenido de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, en particular los casos de criminalización y militarización, donde prevalece la impunidad. Es importante que los pueblos indígenas tengan acceso al sistema judicial.
En la República Democrática del Congo, durante 2021 se registraron masacres en varias provincias y detenciones arbitrarias por parte de ecoguardias. Diel Mochiré, un defensor indígena pigmeo, sostuvo que la defensa de sus derechos hace que los pueblos indígenas sean criminalizados, además de que los compromisos internacionales suscritos no se están implemetando. Por ello, consideró, necesario que se implementen medidas de seguimiento a nivel nacional e internacional.
Enseguida, la Directora Ejecutiva de IPRI informó que la organización está lanzando un Compendio de la legislación y la jurisprudencia relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas a nivel internacional, regional y nacional, como una herramienta que pueda alentar y fortalecer las acciones de los pueblos indígenas para avanzar en la realización de sus derechos en la ley y en la práctica. El Compendio será una publicación regular de IPRI.
El académico, activista y pastor de renos sami Lars-Ander Baers destacó que en el caso del pueblo sami, el Compendio retoma resoluciones sobre concesiones mineras sin CLPI, cuestiones de autoidentificación, parques eólicos y pesca, en sentencias que serán muy útiles, y llamó a revisar a detalle la publicación.
Samia Slimane, de la ONU-DH, coincidió en que la criminalización es una de las principales violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Apuntó que también es importante el papel de las empresas y su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Además, animó a los pueblos indígenas a utilizar los mecanismos de la ONU en la defensa de sus derechos.
Victoria Tauli-Corpuz, cofundadora de IPRI, señaló que los casos concretos expuestos muestran el alcance de la criminalización contra los pueblos indígenas y nos obligan a hacer mucho más para abordarla. “Debemos mostrar al mundo que tiene que hacer algo al respecto. El racismo y la discriminación estructural deben atacarse de raíz”, finalizó.
