El Holi es uno de los principales festivales de la India y se celebra con gran entusiasmo y alegría en las zonas rurales del país. Se diseñan elaborados planes para colorear a sus seres queridos. No fue así para las 16 mujeres y ocho hombres pertenecientes a la tribu lambada que, en la víspera del Holi, el 27 de marzo de 2021, se adentraron en la reserva de tigres de Amrabad, en el bosque de Nallamala, en el distrito de Nagarkurnool de Telangana, un estado del centro-sur de la India. Los tribales o adivasis se adentraron en el bosque para recoger flores de mahua, que es una importante fuente de sustento para las comunidades tribales. La flor de mahua (madhuca indica) es un importante producto forestal para estas comunidades, que la recogen para alimentarse y para elaborar alcohol. Clasificada como producto forestal, la mahua está controlada por las leyes estatales de impuestos especiales, en las que se expiden permisos para su recogida y almacenamiento mediante el cobro de derechos de licencia nominales.
En mitad de la noche, mientras las y los miembros de la tribu dormían en el bosque después de recoger flores, fueron atacados repentinamente por funcionarios y personal forestal. Les ordenaron que se desnudaran y los golpearon. Algunas víctimas sufrieron heridas en la cabeza, como K Patya, de 48 años. Incluso una mujer de 70 años fue maltratada. Las demás mujeres y hombres adivasis no identificados fueron también obligados a desnudarse y después torturados.
Días después, y a pesar del intenso calor, los lambadas agraviados, entre los que se encontraban mujeres indígenas de edad avanzada y muchos otros con heridas en la cabeza y en las extremidades, realizaron una sentada de protesta ante la oficina de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Telangana (TSHRC, por sus siglas en inglés), en Hyderabad. Las y los manifestantes contaron cómo fueron agredidos por los funcionarios forestales. Una de las víctimas, K Anchali, de 49 años, dijo: «Exigimos la dimisión del DFO [funcionario forestal del distrito] y estamos presentando casos contra los funcionarios forestales en virtud de la SC/ST Prevention of Atrocities Act (Ley de Prevención de Atrocidades contra Castas y Tribus Registradas)”. Basándose en la denuncia de graves violaciones de los derechos humanos y la obstrucción de los medios de vida de los tribales, la TSHRC ordenó a los funcionarios forestales de Nagarkurnool que dieran una explicación por escrito sobre el incidente y que estuvieran presentes ante la comisión en la audiencia fijada para el 26 de abril. Tras reunirse con varias asociaciones tribales de Telangana, la ministra de Bienestar Tribal de Telangana, Satyavathi Rathod, aseguró a las víctimas que se les proporcionaría tratamiento médico y se tomarían las medidas oportunas contra los funcionarios forestales que los atacaron, asegurando que se haría justicia a la comunidad agraviada[1].
En cambio, los lambadas fueron acusados en virtud de la Ley de Protección de la Vida Silvestre, de 1972, por entrar sin autorización en la reserva de tigres, retirar/destruir productos forestales, encender leña para cocinar y llevar armas dentro de la reserva de tigres. Los lambadas fueron criminalizados y acosados judicialmente a pesar de que las tribus registradas tienen derecho a recolectar, utilizar y disponer de «productos forestales menores» (entre los que se encuentra la flor de mahua) de las tierras forestales, que se definen como «tierras de cualquier tipo comprendidas en cualquier área forestal y que incluyen bosques no clasificados, bosques no demarcados, bosques registrados/notificados o bosques no registrados/no notificados (deemed forests en inglés), bosques protegidos, bosques reservados, santuarios y parques nacionales» en virtud de la Ley de Derechos Forestales de 2006.
El caso de los lambadas es uno de los casos documentados de violación de los derechos de otros Pueblos Indígenas que componen los 104,3 millones miembros de tribus registradas (ST, por sus siglas en inglés), llamados tribales o adivasis en la India. Constituyen el 8,6% de la población total del país. Alrededor del 90% de las tribus registradas viven en zonas rurales sin acceso a infraestructuras o servicios básicos. El censo de 2011 mostraba que sólo el 59% de las tribus registradas estaban alfabetizadas, con un 68,50% de hombres y un 49,40% de mujeres.
Se supone que las tribus registradas disfrutan de la protección de sus tierras y de otras cuestiones sociales en virtud del Quinto Anexo de la Constitución en la India continental y del Sexto Anexo en la región del noreste. Ninguna ley del Parlamento o de la Legislatura del Estado se aplicará a una Zona Registrada a menos que el gobernador lo ordene mediante notificación pública, y éste puede dictar normas para prohibir o restringir la transferencia de tierras a los no tribales.
La Ley de Disposiciones de los Panchayats (Extensión a las Áreas Registradas) de 1996 (PESA, por sus siglas en inglés) otorga enormes poderes al Gram Sabha o Asamblea de la Aldea en relación con la adquisición de tierras y la aprobación de planes, programas y proyectos, y la PESA es aplicable en las áreas del Quinto Anexo. Además, en 1999 se creó el Ministerio de Asuntos Tribales para velar por el desarrollo y el bienestar de las tribus registradas.
Medidas administrativas para la protección de los Pueblos Indígenas en la India
En febrero de 2004 se modificó la Constitución de la India para dividir la Comisión Nacional de Castas y Tribus Registradas en dos comisiones distintas (la Comisión Nacional de Tribus Registradas y la Comisión Nacional de Castas Registradas), con el fin de supervisar la aplicación de las diversas salvaguardas previstas para ellas. Se han creado tribunales especiales en todo el país para juzgar los delitos cometidos en virtud de la Ley de Castas y Tribus Registradas (Prevención de Atrocidades) de 1989.
Los derechos de las tribus registradas también están protegidos por leyes especiales como la Ley de Prevención de Atrocidades contra Castas y Tribus Registradas, de 1989; la Ley de Derechos Forestales, de 2006; y la Ley relativa al Derecho a una Compensación Justa y a la Transparencia en la Adquisición, Rehabilitación y Reasentamiento de Tierras, de 2013, que son aplicables en todo el país. Estas legislaciones se aprobaron en el contexto de las injusticias históricas cometidas contra los tribales por los gobernantes del pasado y la sociedad. En 1871, el Parlamento británico aprobó la Ley de Tribus Criminales para clasificar a más de 200 tribus como criminales hereditarios y habituales, por lo que se estigmatizó a varias generaciones de estas comunidades tribales.
Tras la independencia, el Gobierno indio derogó la Ley de Tribus Criminales, en 1952, y las denominadas tribus criminales fueron ‘denotificadas’ (reclasificadas), pero la Ley de Tribus Criminales fue sustituida por la Ley de Delincuentes Habituales, de 1952, que en lugar de aliviar sus vidas, lo único que hizo fue volver a estigmatizarlas.
Desde entonces, el número de crímenes y atrocidades contra las tribus registradas ha aumentado de forma constante a lo largo de los últimos años. Según el informe Crime in India 2020 de la Oficina Nacional de Registros de Crímenes (National Crime Records Bureau – NCRB), dependiente del Ministerio del Interior, el número de crímenes/atrocidades cometidos contra las tribus registradas fue de 6528 casos en 2018, 7570 casos en 2019 y 8272 casos en 2020.
Creación de la NHRC
El 12 de octubre de 1993 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC, por sus siglas en inglés) de la India en virtud de la Ley de Protección de los Derechos Humanos (PHRA, por sus siglas en inglés) de 1993, que fue modificada en 2006 y 2019. El artículo 2(1) (d) de la PHRA define los derechos humanos como los derechos relativos a la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona garantizados por la Constitución o plasmados en los pactos internacionales y aplicados por los tribunales de la India. La NHRC, cuyo estatus ‘A’ fue otorgado por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) en Ginebra, cumple con los Principios de París, que son los estándares mínimos internacionales requeridos para que las instituciones de derechos humanos sean consideradas legítimas, creíbles y efectivas en la promoción y protección de los derechos humanos.
La NHRC de la India está presidida bien por un/a antiguo/a presidente/a del Tribunal Supremo, bien por un/a antiguo/a juez/a del mismo, y cuenta con cinco miembros (tres de ellos no judiciales) que son nombrados/as por el/la presidente/a de la India por recomendación de un comité formado por el/la primer/a ministro/a en calidad de presidente. Los/as cinco miembros de este comité son el/la presidente/a de la Cámara Baja del Parlamento, el/la ministro/a del Interior, el/la líder de la oposición en la Cámara Baja del Parlamento, el/la líder de la oposición y el/la vicepresidente/a en la Cámara Alta del Parlamento. Los/as siete miembros de oficio de la NHRC son los/as presidentes/as de la Comisión Nacional para las Clases Atrasadas (Backward Classes en inglés), la Comisión Nacional para las Minorías, la Comisión Nacional para las Castas Registradas, la Comisión Nacional para las Tribus Registradas, la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de la Infancia, la Comisión Nacional para las Mujeres y el/la Comisionado/a Jefe de Personas con Discapacidad.
Funciones de la NHRC a la hora de abordar las violaciones de derechos humanos
La NHRC está encargada de investigar las peticiones relativas a la violaciones de derechos humanos, así como la complicidad o la negligencia en la prevención de dicha violación por parte de funcionarios públicos. También puede intervenir en cualquier procedimiento relacionado con cualquier acusación de violación de los derechos humanos que esté pendiente ante un tribunal con la aprobación de éste. Puede realizar visitas a cualquier cárcel u otras instituciones controladas por el Estado en las que haya personas detenidas con fines de tratamiento, reforma o protección, para examinar las condiciones de vida de las personas reclusas y formular recomendaciones al Gobierno.
La Comisión examina las salvaguardas previstas en la Constitución o en cualquier ley vigente para la protección de los derechos humanos y recomienda medidas para su aplicación efectiva; asimismo, examina los factores, incluidos los actos de terrorismo, que impiden el disfrute de los derechos humanos y recomienda las medidas reparadoras adecuadas.
La Comisión estudia los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y formula recomendaciones para su aplicación efectiva, así como emprende y promueve la investigación en el ámbito de los derechos humanos. A través de publicaciones, medios de comunicación, seminarios y otros medios disponibles, la NHRC amplía los conocimientos sobre derechos humanos entre diversos sectores sociales y promueve la concienciación sobre las salvaguardas disponibles para la protección de los derechos. Además, impulsa los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos.
Si bien la NHRC puede investigar las violaciones de los derechos humanos de todo el mundo, incluidas las tribus registradas, el Gobierno indio creó la Comisión Nacional para las Tribus Registradas (NCST, por sus siglas en inglés) en febrero de 2004 con el mandato de salvaguardar los derechos de las tribus registradas. Sin embargo, la NCST no cuenta actualmente con el número necesario de miembros y sólo funciona con el presidente y un miembro.
Actuación ante las violaciones de los derechos humanos: intervención del IRAC
Al conocer los casos de violación de derechos humanos de tribales, el Centro de Defensa de los Derechos Indígenas (Indigenous Rights Advocacy Centre – IRAC) presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra los funcionarios forestales responsables del ataque a los lambadas (Caso de la NHRC nº 1086/36/22/2021). El personal del IRAC supervisa y documenta a diario casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellas violencia, criminalización e impunidad contra los Pueblos Indígenas de la India.
Intentan superar los retos que supone el seguimiento de los casos de violaciones de los derechos humanos en la vasta extensión geográfica del país. La intervención del IRAC en casos y su compromiso con la NHRC abarca todo el país, desde Assam/Manipur, en el noreste, hasta Gujarat, en el oeste; desde Jammu y Cachemira, en el norte, hasta Tamil Nadu, en el sur.
Breve presentación/contexto del IRAC
El IRAC se creó en 2020. La visión de la organización es promover, proteger y defender los derechos e intereses de las Comunidades Tribales/Adivasis /Pueblos Indígenas en la India. Como medio para alcanzar sus objetivos, el IRAC trata de combinar la práctica, la investigación, la incidencia política y la colaboración como método eficaz para promover, proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.
El IRAC estableció un sistema de monitoreo que utiliza fuentes secundarias, como periódicos nacionales y regionales fiables, portales de noticias online y redes sociales de destacadas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos y activistas de los derechos. La información primaria se recoge a través de una red de ONG y activistas y líderes/lideresas comunitarios de base, y gestiona una línea de asistencia jurídica gratuita en la que se denuncian los casos de violaciones de derechos humanos. La verificación de las fuentes secundarias se realiza a través de una red creada por el IRAC compuesta por periodistas y activistas de los derechos humanos que trabajan de forma eficaz y comparten información con el IRAC. Varios de los casos documentados por el IRAC han dado lugar a la presentación de denuncias ante la NHRC, que tiene el mandato de proteger, defender y promover los derechos humanos en virtud de la Ley de Protección de los Derechos Humanos de 1993.
Las intervenciones del IRAC han sido valoradas y apoyadas por la NHRC, ya que se complementan mutuamente en sus tareas e incidencia. Los casos remitidos por el IRAC a la NHRC pusieron a prueba la determinación de ésta última en el cumplimiento de su mandato, ya que tiene todas las facultades de un tribunal civil para juzgar una demanda en virtud del Código de Procedimiento Penal de 1908.
Tras recibir una denuncia, la Comisión puede solicitar información o un informe al Gobierno central o de los estados o a cualquier otra autoridad en un plazo determinado. Si los informes solicitados no se presentan a tiempo, la NHRC envía un recordatorio o cita a los funcionarios para que comparezcan ante ella en la oficina de Nueva Delhi. Una vez concluida la investigación sobre la violación de los derechos humanos, la Comisión puede recomendar a la autoridad gubernamental correspondiente el pago de una indemnización a la persona denunciante/víctima y el inicio de un procedimiento para procesar al autor o autores. La NHRC también puede dirigirse al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior correspondiente para solicitar las instrucciones, órdenes o mandatos que dicho tribunal considere necesarios.
La base de datos del IRAC revela que, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021, la organización intervino en 77 casos de violaciones de derechos humanos contra Pueblos Indígenas a través de denuncias presentadas ante la NHRC.
El IRAC intervino en estos casos para garantizar que se hiciera justicia, reclamar la reparación de las víctimas y sus familias, y establecer la responsabilidad mediante el castigo de las personas culpables para reducir, cuando no erradicar, la impunidad. Al menos 27.235 personas indígenas son beneficiarias directas de estos 77 casos.
Del total de intervenciones, 44 de los 77 casos, es decir, el 57%, se referían a la criminalización de poblaciones indígenas cometida por la policía, el departamento forestal y otros funcionarios públicos. Los 33 casos restantes se referían a atrocidades cometidas por agentes no estatales/no tribales y a la denegación de documentos básicos y planes de bienestar social por parte del Gobierno. El IRAC realizó un seguimiento regular de estos casos con la NHRC para garantizar la justicia para las víctimas indígenas.
Necesidad de continuar con la defensa de los derechos de los adivasis
La lista de casos documentados y monitoreados por el IRAC refleja el alcance y magnitud de las violaciones de los derechos individuales y colectivos que se cometen contra los Pueblos Indígenas a pesar de las leyes que los protegen a ellos y a sus territorios y recursos.
Además de la tortura de varios hombres y mujeres lambadas en el distrito de Nagarkurnool, en Telangana, por parte de funcionarios forestales, la lista incluye el caso de funcionarios y personal forestal que desalojaron por la fuerza a la población tribal quemando sus chozas en las colinas de Palampattu, en Tamil Nadu, en julio de 2021.
También está el caso del trabajo en régimen de servidumbre en la aldea de Pilanje Budruk Chinchpada, en Bhiwandi, distrito de Thane, Maharashtra. Durante generaciones, 18 familias tribales katbari fueron tratadas de manera inhumana con azotes públicos, privación de alimentos y esclavitud por dos hermanos contratistas que explotaban una fábrica de ladrillos y una cantera de arena. Los propietarios, Chandrakant y Rajaram Patil, obligaron a la población tribal a trabajar sin la debida remuneración, comida o agua, y los obligaron a trabajar para devolver los préstamos supuestamente contraídos por sus antepasados, además de prohibirles buscar otros trabajos. En todo momento, los hermanos estuvieron en connivencia con la policía.
La muerte por presunta tortura bajo custodia policial fue lo que le ocurrió a Bhim Kale, de 35 años, miembro de la tribu phase pardhi. Murió mientras estaba bajo custodia policial ilegal en la comisaría de Vijapur Naka, en el distrito de Solapur, Maharashtra, el 3 de octubre de 2021. Una joven tribal de 19 años fue retenida y abusada sexualmente por su empleador en Kerala. Tras escapar, llegó a su casa en Madhya Pradesh, pero el panchayat de la aldea dictó una orden para que volviera con su empleador o le pagara dos lakhs de rupias (200.000 rupias indias). Asimismo, el caso de una mujer tribal de 35 años que fue brutalmente violada en Basna, en el distrito de Mahasamund, en Chhattisgarh, el 17 de septiembre de 2021, es un claro ejemplo de violencia contra las mujeres indígenas o tribales. Estos casos suponen una grave violación de los derechos humanos de las supervivientes y sus familias.
La lista de casos documentados por el IRAC es larga: amenazas de desalojo forzoso, presuntos asesinatos en falsos encuentros, torturas hasta la muerte bajo custodia policial, torturas por parte de la policía (que no conducen a la muerte), torturas hasta la muerte por parte de personas no tribales, detenciones por cargos falsos, presentación de cargos falsos (que no conducen a la detención), muertes por desnutrición/inanición, acaparamiento de tierras por parte del departamento forestal, lesiones por disparos de la policía, asesinatos por parte de maoístas, acoso a personas indígenas defensoras de los derechos humanos y denegación del derecho a la educación.
Otros casos están relacionados principalmente con la denegación de cereales facilitados por el Gobierno, de documentos oficiales, de planes de desarrollo y de infraestructuras. Las intervenciones del IRAC abarcan desde los derechos civiles y políticos hasta los económicos, sociales y culturales. En ellas se pone de manifiesto la continua negación y represión de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos, así como a sus medios de vida tradicionales. Asimismo, estos casos son también claras violaciones de las obligaciones del Estado indio en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que la India ha ratificado.
En el caso de las víctimas del trabajo en régimen de servidumbre, se emitió una larga y detallada lista de preguntas sobre el cumplimiento o incumplimiento de las leyes laborales y de las órdenes del Tribunal Supremo para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que verifique y valide la comisión del delito por parte de los contratistas hermanos acusados y la inacción de los funcionarios y la connivencia con los agentes de policía.
La NHRC, a la vez que recuerda a las autoridades implicadas su tarea de cumplir la ley, en particular las disposiciones relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas, también exige una pronta respuesta a sus preguntas.
La India es tristemente conocida por su impunidad, ya que la mayoría de los casos son cometidos por autores que pertenecen a las castas superiores y quedan impunes debido a la falta de una investigación adecuada por parte de la Policía. Esta realidad ha resultado en una tasa de condena de sólo el 28,5% de los crímenes/atrocidades contra las tribus registradas en 2020. Aunque la India cuenta con numerosas leyes que respetan y protegen los derechos de los adivasis, incluidas las leyes afirmativas contra su discriminación, su aplicación es muy deficiente debido al desequilibrio de poder imperante en las estructuras políticas y sociales que siguen perpetrando la discriminación sistémica, el racismo y la desigualdad social.
Las intervenciones del IRAC ante la NHRC tienen como objetivo principal establecer la responsabilidad por los crímenes cometidos contra los Pueblos Indígenas y acabar con la impunidad de la que gozan los acusados. Como institución cuasi judicial, la NHRC celebra sesiones periódicas para decidir y dictaminar sobre las denuncias y emitir las órdenes oportunas.
Las intervenciones del IRAC junto a la NHRC han sido muy eficaces y han conseguido obtener órdenes provisionales positivas a favor de las víctimas en varios casos. El IRAC se ha asociado a IPRI en la India para hacer frente a la criminalización y la impunidad contra los Pueblos Indígenas. Gracias a esta colaboración, el IRAC ha podido supervisar, documentar y presentar casos de violaciones de los derechos humanos a la NHRC y a otros organismos pertinentes, así como desarrollar actividades de sensibilización y de incidencia política.
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Funcionarios forestales llevando a cabo el desalojo del asentamiento tribal de Kadar en Tamil Nadu
Crédito/foto: Thanaraj
Número de casos presentados por el IRAC ante la NHRC a nivel estatal
Arun Changma, víctima de la campaña de desalojo, muestra la imagen de una iglesia que supuestamente fue demolida
Foto: Mahmodul Hassan
Criminalización de Birsa Majhi por la policía bajo la falsa acusación de ser maoísta en Jharkhand
Foto de: Jharkhand Janadhikar Mahasabha
Protesta contra el asesinato de personas tribales en Oting, distrito de Mon, Nagaland
Foto: Hemanta Kumar Nath
Trabajo en régimen de servidumbre de familias tribales de Pilanje, Bhiwandi, Maharashtra
Foto de: Diwakar Sharma, Mid-Day
[1] ‘Stripped, beaten up by forest officials’: Battered Nagarkurnool tribals in Telangana seek justice, The New Indian Express, 31 de marzo de 2021, https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2021/mar/31/stripped-beaten-up-by-forest-officials-battered-nagarkurnool-tribals-in-telanganaseek-justice-2283766.html
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